LEADER

1.- Podrán solicitar ayudas para la realización de proyectos de carácter productivo los siguientes promotores privados:

• Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo a través del proyecto presentado. En este último caso, deberán acreditar su alta en el epígrafe correspondiente con anterioridad la fecha establecida en el contrato para la finalización de las inversiones.
• Sociedades Mercantiles, Sociedades Agrarias de Transformación, Cooperativas, Sociedades Laborales, Fundaciones y Asociaciones así como cualquier otra entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica. En el caso de Fundaciones y Asociaciones, cuando el ámbito de actuación según sus Estatutos, sea superior al provincial, se deberá justificar adecuadamente su vinculación efectiva en el territorio de actuación del Grupo de acción Local. También podrán solicitarse ayudas por aquellas entidades que estén en fase de constitución, siempre y cuando adquieran la personalidad jurídica antes de la fecha de finalización de inversiones establecida en el contrato.
• Comunidades de Bienes u otras entidades de tipo comunal, que, aún careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo las inversiones o actividades que motivan la concesión de la subvención. En estos casos, los comuneros nombrarán un representante o apoderado único y, en un documento que se incorporará al expediente, manifestarán sus respectivas participaciones en la cosa común y asumirán su responsabilidad solidaria en las obligaciones derivadas del expediente.
• Se considerarán promotores privados las entidades de derecho público de base asociativa privada, como las Comunidades de Regantes o los Consejos Reguladores de las Indicaciones de calidad.

2.- Asimismo, podrán solicitar estas ayudas las entidades públicas de carácter local, con ámbito territorial inferior al provincial.

3.- Sin perjuicio de las excepciones que se señalan en los apartados siguientes, los promotores de proyectos deberán cumplir todos y cada uno de los siguientes requisitos:

• Ejecutar el proyecto localizado en la zona de aplicación del Programa Comarcal.
• Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o, en su defecto, tener concedido aplazamiento o moratoria.
• No haber iniciado las inversiones o gastos para los que se solicita la ayuda en el momento de presentar la solicitud, salvo en el caso de aquellos gastos para los que se pueda establecer alguna excepcionalidad.
• Comprometerse a mantener la inversión auxiliada y los puestos de trabajo creados, durante los tres años siguientes al pago final de la ayuda, en los términos establecidos en el artículo 71.1 del Reglamento (UE) nº 1303/2013.
• Cumplir, en su caso, los requisitos exigibles a las PYMES en los términos previstos en la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre definición de microempresas, pequeñas y mediana empresa (2003/361/CE).

4.- Cuando se trate de entidades locales no serán de aplicación las letras b) y e) del apartado anterior.

Serán subvencionables aquellas actividades que cumpliendo la legislación vigente, estén dirigidas a:

• La diversificación hacia actividades no agrícolas en explotaciones agrarias.
• Ayudar a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y medianas empresas (PYMES), excluido el sector primario regulado en el artículo 17.1.a), 17.1.c), 17.1.d) y en el artículo 19.1 a)i) y 19.1 a)iii) del Reglamento (UE) nº 1305/2013.
• El fomento de las actividades turísticas.
• La ejecución de infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural.
• Actuaciones dirigidas al aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales.

A estos efectos, se considerarán:

• De creación, los que den origen a la iniciación de una actividad productiva y generen puestos de trabajo.
• De ampliación, los que supongan el desarrollo de una actividad ya establecida incrementando la producción, o el inicio de una actividad que implique un cambio radical en el producto o en los procedimientos de producción y, en todo caso, incrementen el nivel de empleo.
• De modernización, los que incrementen el nivel de productividad de forma sensible o mejoren el nivel de impacto ambiental o la accesibilidad e incrementen o mantengan el nivel de empleo.
• De traslado, los que planteen el desmontaje, traslado y montaje de empresas, desde el exterior de la zona de aplicación hasta el interior, o dentro de la propia zona, siempre y cuando realicen nuevas inversiones en activos fijos en el nuevo emplazamiento, que supongan mejora en la productividad y en los niveles de empleo.